Responsabilidad compartida
¿Cuánto de las brechas socioeconómicas, que en parte han motivado las protestas, po- drían ser cerradas por los propios gobiernos subnacionales? Se suele culpar al «Gobierno central», que despacha y toma las decisiones desde Lima, por las carencias y la deficiente prestación de servicios públicos en el resto del país, en especial las zonas con altas tasas de pobreza –sobre todo multidimensional, que precisamente mide la falta de acceso a condi- ciones de vida básicas–. Pero, en realidad, se trata de una responsabilidad compartida con las autoridades departamentales, provincia- les y distritales. El proceso de descentralización fue ini- ciado en 2002, pero quedó trunco, y pese a que han pasado 20 años, todavía no se termi- nan de definir por completo las competencias de los gobiernos regionales y locales. ¿Quién asume la construcción y mantenimiento de carreteras? ¿El MTC, gobernadores, alcaldes o todos juntos? ¿Quién define el esquema y promoción de la vacunación contra el covid? ¿El Minsa o las direcciones regionales de sa- lud (Diresa)? ¿Quién diseña la estrategia de seguridad ciudadana? ¿El Mininter o los al- caldes? Esa especie de nebulosa atenta contra la funcionalidad de la administración públi- ca, lo que se hace más evidente en el primer año de las nuevas autoridades, conocido como «de aprendizaje» (estamos iniciando uno). El caso más nefasto de indefinición ocu- rrió durante la pandemia. Los hospitales de todo el país colapsaron casi instantáneamen- te, en gran medida porque las inversiones pre- supuestadas año tras año para dotarlos de material básico, como camas UCI y genera- dores de oxígeno, no se habían ejecutado. Lo que siguió fue que el Minsa y los gobiernos regionales se ‘tiraron la pelota’ y ninguno asu- mió responsabilidad. Y hoy, los departamen- tos con protestas más intensas figuran entre los de menor de recursos, incluidos los del canon, anualmente los gobiernos subnacionales no ejecutan en inversión públi- ca alrededor del 30% de lo presupuestado. En otras palabras, las poblaciones que llevan dé- cadas esperando colegios y postas médicas, luz, agua y desagüe, quizás deban orientar sus reclamos a sus propias autoridades regionales y locales; y al Congreso, que se hace de la vista gorda (no es conveniente criticar a alia- dos políticos) y no cumple su rol de control político fuera de Lima. Por cierto, ¿por qué gobernadores y alcaldes no están sujetos a la rendición de cuentas?