Penas de 15 años por corrupción
Modificar el Código Penal, a fin de incrementar hasta los 15
años de prisión las penas para los delitos cometidos por fun-
cionarios públicos, plantea un proyecto de ley presentado por
la congresista Nieves Limachi, de las filas de Perú Democrá-
tico.Según la propuesta legislativa, la finalidad es reducir los
altos índices de corrupción cometidos por funcionarios pú-
blicos y garantizar una mayor idoneidad del desempeño con
pleno respeto de los fondos del Estado.
De esta manera, subraya la iniciativa legal, se asegurará un
mejor uso de los fondos en favor de la población, con más y
mejores servicios e infraestructura pública.
El proyecto modifica los artículos 376, 382, 383, 385, 387,
389, 391, 394, 395-A, 395-B, 397, 399, 400, 401 y 426 del
Código Penal promulgado por el Decreto Legislativo 635.
Por abuso de autoridad, se plantea una pena privativa de la
libertad no mayor de cuatro años; por concusión, no menor
de cuatro ni mayor de ocho; por cobro indebido, no menor
de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación, según co-
rresponda.En el caso de patrocinio ilegal, no menor de tres
ni mayor de seis o servicio comunitario de 20 a 40 jornadas;
por peculado doloso y culposo, no menor de cinco ni mayor
de ocho años, inhabilitación de cinco a 20 años y de 180 a
365 días multa.
Si el responsable actúa como integrante de una organización
criminal, o se aprovecha de una situación de calamidad o
emergencia sanitaria, o el valor de lo apropiado supera las
diez UIT, la pena será no menor de ocho ni mayor de 15 años,
inhabilitación perpetua y de 365 a 730 días multa.
Por malversación la pena será no menor de dos años ni ma-
yor de cuatro, pero sube de cinco a diez años si la conducta
recae sobre funcionarios que utilicen el dinero para usos per-
sonales o con fines de campañas políticas.
El funcionario que acepte o reciba un donativo, promesa o
cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un
acto propio de su cargo, será reprimido con una pena no me-
nor de cuatro ni mayor de seis años. Para el funcionario que
solicite dichos beneficios, la pena va de cinco a ocho años.En
caso de agravantes, como la desnaturalización de los proce-
dimientos de selección en contrataciones del Estado, será de
seis a diez años inhabilitación perpetua.
De tratarse de un policía que acepta o recibe un donativo, pro-
mesa o cualquiera otra ventaja o beneficio, la pena va de seis a
12 años. Para el policía que los solicita, va de ocho a 15 años.
Para el que corrompe a un funcionario, el proyecto plantea
pena no menor de seis ni mayor de 12 si con ello desnaturaliza
los procedimientos de selección en contrataciones del Estado.
Si un funcionario incurre en tráfico de influencias, la pena será
no menor de seis ni mayor de diez años; por enriquecimiento
ilícito, no menor de ocho ni mayor de 15 años. Si el funcionario
tiene un cargo de alta dirección, será de diez a 15 años.