NEGOCIADOS EN LA POLICÍA EN PLENA PANDEMIA
El escándalo por las compras sobrevaloradas y “bambas” de elementos de bioseguridad en la Policía, en plena pandemia, no solo fue un duro golpe a esta institución tutelar; sino que, además, pone en tela de juicio los procedimientos y filtros al interior de esta entidad del Estado para la contratación de bienes o servicios, los cuales deben regir en amparo a las normas. En esa línea, Correo indagó sobre los principales proveedores beneficiados en la Policía y detectó que existe un factor común entre ellos: ser parientes directos de oficiales y suboficiales en actividad, lo cual es señalado como un impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo al Artículo 11 (literal f) de la Ley de Contrataciones N° 30225.
Si bien en un inicio la búsqueda de proveedores beneficiados se centró en el año 2020 durante la pandemia, se pudo encontrar que los contratos se han venido registrando de manera sistemática año tras año, para lo cual también llegaron a conformar empresas; registrando, incluso, como domicilio fiscal direcciones donde no se evidencia el giro de algún negocio de bienes o servicios. “RANCHO”. De acuerdo a información pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresaria Fanny Milene Privat del Carpio aparece como la proveedora que realizó la mayor facturación durante el 2020 en la Unidad Ejecutora 028 de la II Dirección Territorial de la Policía (Dirtepol), en Chiclayo, con un monto de S/ 695,237.
De acuerdo a sus contratos, la proveedora brindó el “Servicio de concesionario para la prestación de ración orgánica única diaria”, más conocido como “Rancho”, para el personal policial de la II Dirtepol, en donde su esposo, el comandante PNP Adolfo Mauricio Galindo Román, labora como jefe de la División de Unidades Especiales (DUE). De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Fanny Privat del Carpio tramitó su RUC como persona natural en noviembre del 2013 bajo el giro de negocio “Suministro de comidas por encargo”. A partir del 2016 pasa a ser proveedora en la II Dirtepol y, desde entonces, facturó montos ascendentes hasta el 2020, habiendo percibido un total de S/ 1′886,065. También, en el 2019, facturó S/ 28,200 a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.
En el segundo lugar de la lista de proveedores con más contratos ganados durante la pandemia aparece Mariela del Pilar Burga Zorrilla, quien en el año 2020 percibió S/ 607,821 por brindar el “Servicio de concesión de alimentos” para el personal policial. Bajo el giro de “Actividades de restaurantes y servicio móvil de comida”, Burga Zorrilla gestionó su RUC en diciembre del 2017 y desde el 2018 empezó a ser proveedora, siendo conviviente del suboficial José Paúl Alarcón Cabrera, quien se desempeñaba en el área administrativa de dicha unidad ejecutora de la Policía. En total, del 2018 al 2020 llegó a facturar S/ 912,581 a la II Dirtepol, mientras que a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP brindó servicios por S/ 41,192.
Entre las personas contratadas para brindar el “Rancho” en la II Dirtepol también aparece la joven Leidy Analy Alarcón Gonzáles, quien al cumplir mayoría de edad tramitó su RUC en noviembre del 2016. Es a partir de entonces que hasta el 2020 como proveedora en la Unidad Ejecutora 028 ha cobrado S/ 666,472. Su hermana, la suboficial Carol Madelina Alarcón Gonzáles, labora en la Comisaría de Atusparia, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.(FUENTE: Diario Correo).