FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS FUERON VACUNADOS
Después de auditar la relación de 487 inmunizados con la vacuna Sinopharm al margen de los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Contraloría General de la República detectó en la lista a 122 funcionarios y servidores públicos, especialmente del Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras dependencias estatales. Los familiares de algunas de estas personas también fueron inoculados, por el solo hecho del vínculo consanguíneo. El contralor Nelson Shack informó que lo primero que se hizo fue verificar la identidad de las personas que aparecían en la lista de 487 inmunizados, dando como resultado, descartando duplicados e identidades que no se encontraron en el Reniec, 470 personas inmunizadas con Sinopharm; 461 peruanos y 9 extranjeros.
Lo que significa que los funcionarios y servidores públicos que se valieron de su posición para acceder a la vacuna china, y sus familiares −en un número de 43−, representan el 35 por ciento del total. El resto son particulares. ’’Encontramos grupos familiares con relación de parentesco de segundo, tercer y cuarto orden. Son funcionarios públicos que no solo se han vacunado, sino que han hecho abuso de su cargo para vacunar a sus familias’’, señaló Shack, sin ocultar su contrariedad. La Contraloría investiga el caso de los 122 funcionarios y servidores públicos no solo porque fueron inmunizados fuera del programa de ensayos clínicos de la UPCH.
También busca determinar si la vacunación influyó en la decisión de estos cuando tuvieron que pronunciarse sobre la contratación de la empresa china Sinopharm. ’’No solo hay falta ética, se ha vulnerado una serie de normas, como la Ley Servir, el Código de la Función Pública, entre otras. Aquí tenemos responsabilidad administrativa. Además, encontramos a funcionarios públicos, además del expresidente Martín Vizcarra y los exministros que han tenido una vinculación clave en el proceso de negociación de la vacuna y firma del contrato. Ahí estamos hablando de delitos, de responsabilidades penales’’, precisó el contralor general de la República.
’’Hemos accedido a información de las Declaraciones de Aduanas de Mercancías. Son cuatro registros. Estamos recopilando la información para construir el caso. Nuestro principal interés es ver si, efectivamente, algunos de esos funcionarios son los que han participado en el proceso de importación de la vacuna (Sinopharm)’’, apuntó Nelson Shack.