Efecto contrario
El país continúa viviendo días difíciles y de gran incertidumbre. Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte no se detienen y, en buena parte por su propio accionar, parecen incluso estar creciendo nuevamente en inten- sidad. Y es que un hecho elemental que el Go- bierno no parece entender es que, como ya ha ocurrido antes aquí y como ocurre siempre en todo el mundo, cuando hay protestas ciudada- nas, cualquier respuesta represiva no justifica- da de las fuerzas del orden solo logra conseguir que más personas se solidaricen con la causa de quienes protestan. En un contexto ya muy delicado por el fa- llecimiento de más de 50 compatriotas duran- te esta ola de protestas, el último fin de semana hemos sido testigos de una muestra más de cómo una acción en principio justificada del Gobierno, queda totalmente desvirtuada cuan- do hay abuso de poder y se superan los límites de lo razonable. El último sábado, cerca de 300 policías entraron por la fuerza a la Universi- dad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para retomar el control de esta casa de estudios, que días antes había sido ‘tomada’ por un grupo de estudiantes y manifestantes en apoyo a las protestas. Si bien la decisión de intervenir se dio en el marco de un Estado de Emergencia lo que li- mita el ejercicio de derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio y había una solicitud de las autoridades de la universidad de recuperar el control de las puer- tas; las imágenes, videos y testimonios difun- didos de lo ocurrido durante las horas de la intervención hacen evidente que la forma en que esta se llevó a cabo fue completamente desproporcionada. Agentes entraron con vio- lencia a la residencia universitaria y rompie- ron puertas, dañaron bienes materiales y enmarrocaron y maltrataron a decenas de per- sonas en el suelo, sin que en ese momento sea posible saber quién estaba vinculado o no con las protestas. Todo esto sin presencia de fisca- les y tras retrasar injustificadamente el ingreso de abogados, congresistas y representantes de la Defensoría del Pueblo. Más allá de la posición que uno pueda te- ner sobre el rol de las universidades en estas protestas, debería quedarnos claro que este tipo de conductas represivas no solo son inacepta- bles por violar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia (muchos de los afec- tados en la UNMSM no tenían nada que ver con las protestas), sino que además son contra- producentes. Si lo que buscaba el Gobierno es promover más orden, acciones como esta solo consiguen el efecto contrario.