Apostar por el debido proceso
El país enfrenta una situación sin preceden- tes en los últimos setenta años, pues se ha plan- teado una denuncia constitucional contra un presidente en función. La fiscal Patricia Benavides considera que cuentan con los ele- mentos de convicción necesarios para probar la tesis fiscal que involucra a Pedro Castillo en los delitos de pertenencia a una organización crimi- nal, tráfico de influencias y colusión, y por ello el pedido para finalmente poder iniciar un juicio penal contra el mandatario. Frente a la denun- cia, Castillo de manera directa y también a tra- vés de algunos ministros ha vuelto a usar la car- ta de la victimización en lugar de contestar de manera clara a los indicios planteados y ha pre- sentado una acción de amparo para detener las investigaciones en su contra. Además, actuó mal al negar el ingreso a la prensa nacional a la con- ferencia convocada en Palaciocio. Los críticos al accionar de Benavides se pre- guntan si es válido plantear una denuncia cons- titucional contra un presidente o si bastan los indicios para plantear la denuncia. Ante ello, la respuesta es afirmativa, la denuncia constitucio- nal es una figura establecida en la Constitución y, por lo tanto, forma parte de las reglas existen- tes. Además, la Fiscalía siempre basa su plantea- miento en hipótesis e indicios que le ayudan a armar su argumentación. Estos indicios son lle- vados a juicio donde el juez evalúa si los indi- cios tienen peso probatorio o no, pero eso es una etapa posterior. La pregunta importante es si la denuncia pre- sentada cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para que el Parlamento le dé trámite a esta solicitud, y esa será la labor a la que los congresistas deberán abocarse en las próximas semanas. Para ello, el Poder Legislati- vo debe dar todas las garantías jurídicas necesa- rias a los involucrados, y a pesar de tratarse de un juicio político, no se pueden saltar los proce- dimientos establecidos. Así, es necesario descartar cualquier intento por acelerar la discusión del tema en el pleno. Hace bien la parlamentaria Lady Camones, pre- sidenta de la Subcomisión de Acusaciones Cons- titucionales, en evitar dar plazos certeros de cuánto tiempo les tomará evaluar la solicitud fiscal y sus miembros deben evitar adelantar opinión Sin embargo, dada la información que forma parte de la denuncia y que involucra directamen- te a varios parlamentarios, queda flotando en el aire saber si el Congreso estará a la altura de las circunstancias y si podrá actuar de la manera en que se espera. Mientras este pedido sigue su proceso, la Fiscalía y el Congreso deben conti- nuar su labor recordando que sus acciones de- ben decir más que sus palabras