UN PLAN ESTATIZADOR Y PELIGROSO
Cataclísmicas. Ese podría ser el calificativo para reunir las propuestas en materia económica y otras, que aparecen plasmadas en el plan de Gobierno de Perú Libre (PL), partido con el que postula a la presidencia Pedro Castillo Terrones. El ideario de 77 páginas, de autoría de Vladimir Cerrón, presidente de PL y quien fue sentenciado por el delito de negociación, sostiene que para cambiar la realidad del Perú es necesario plantear “ajustes” en el campo económico, la mayoría, de manera drástica. Sus iniciativas van desde la estatización de los yacimientos mineros, la revisión de contratos con las transnacionales para revertir el reparto de utilidades, una ley para regular a los medios de comunicación, desactivar el Tribunal Constitucional (TC) e, incluso, que el pueblo elija a los jueces.
Uno de los puntos que más llama la atención tiene que ver con la revisión de los contratos-ley con las transnacionales. “Esta medida permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el miserable 30%”, refieren. Agregan que se debe aplicar “impuestos a todas las empresas sin excepción”, pues consideran que no es posible que sean exoneradas de impuestos como la renta, el canon, el sobrecanon, las regalías y los derechos de vigencia, entre otros. Asimismo, si bien aseguran que la deuda externa debe ser cancelada, antes debe existir una “previa negociación” de las cifras primarias.
También apuntan a que si los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, entre otros, no aceptan las nuevas condiciones de negociación, no descartan la nacionalización de los mismos. “En algunos casos, solamente debe recurrirse a la nacionalización y no a la estatización, indemnizando al privado lo invertido”, precisan. Las propuestas del partido de Castillo, se refuerzan en darle el poder al “pueblo” y quitárselo a las autoridades.
En una entrevista, aseguró que de llegar a Palacio de Gobierno, desactivará el TC y que será la ciudadanía la encargada de elegir a los nuevos magistrados de ese organismo. Precisamente, en un apartado de su plan llamado “Sobre política de justicia”, hace alusión al tema y asegura que deben ser nombrados por mandato popular, así como las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. A esto le suma el “suprimir sus privilegios”. “El Estado les otorga vehículos lujosos, combustible, chofer, mayordomo, bonificaciones y personal de seguridad que debe suprimirse”, precisan.