La censura no basta
Entre las tantas críticas que se pueden hacer a la labor que
realizan los legisladores en los últimos días se ha agregado
una más. El presidente de un partido político (César Acuña)
está convencido de que, dado que la titular del parlamento es
de su bancada (Lady Camones), él puede utilizar e Congreso
como una mesa de partes y una herramienta electoral. Por
ello no le tiembla la voz para llamar a Camones y pedirle
acelerar la aprobación de un proyecto de ley para crear el
distrito de Alto Trujillo pues eso le ayudaría en las próximas
elecciones regionales.
Resulta indignante evidenciar, una vez más, que para los po-
líticos del país los cargos públicos no son una oportunidad
de servicio público sino una mera herramienta de beneficio
personal, ya sea político o económico.
Frente a lo revelado en el audio de nada valen las explica-
ciones que la presidenta de la Mesa Directiva quiera dar ni
la tardía suspensión de su militancia. La misma pulcritud que
se le exige al Ejecutivo o a sus contendores dentro del Parla-
mento es la que ella debió mostrar y no lo hizo. Por ello es de
saludar que la moción de censura admitida a debate y pues-
ta a votación ayer fuera finalmente aprobada por 61 votos
dejando vacante el cargo de presidente del Parlamento. Sin
embargo, no basta con la censura y la pregunta que queda
flotando en el aire es por qué organismos como la Defensoría
del Pueblo, la Fiscalía u otros no se han pronunciado sobre
estos hechos.
Pese a nuestras claras diferencias con el Gobierno tanto en
materia económica como política y sobre todo ideológica y
los cuestionamientos sobre la pésima labor que realizan en
el manejo del país nombrando funcionarios sin la capacidad
adecuada además de las investigaciones sobre delitos de
corrupción, es de reconocer que el silencio de dichas insti-
tuciones le hace un flaco favor a la lucha anticorrupción en
el país.
En más de una ocasión, desde estas líneas hemos reiterado
que la lucha contra la corrupción no puede estar sesgada por
nombres o tintes políticos. Esa es la única manera en que la
ciudadanía tenga confianza en esta labor. Por ello la fiscalía
debe dar muestras de que las investigaciones no tienen nom-
bre ni matices, y en este caso lo que correspondía era iniciar
una investigación de oficio. Si la Fiscalía no actúa en este
caso le estaría dando la razón al Gobierno cuando habla de
investigaciones direccionadas y estaría poniendo en riesgo la
consistencia de las acusaciones que realiza.